LA MOTOSIERRA DE ORO

por Alfredo Molano Bravo Thursday, Jun. 09, 2005 at 6:13 PM
alfrelano@yahoo.es

Los grandes deforestadores están sin duda detrás de la llamada Ley Forestal, proyecto que está a punto de ser aprobado en el Congreso de la República.

Hace pocos días la organización ambientalista Greenpeace creó el premio La Motosierra de Oro, que será entregado a funcionarios "cuyo talento, acción o inacción" contribuyan a la deforestación de los bosques. Este año el principal candidato es Lulla da Silva, el presidente del Brasil, país que sólo en 2004 perdió 26.000 kilómetros cuadrados de selva.

En Colombia podríamos postular, si está dentro de las reglas del concurso, al Presidente Uribe, o a FEDEGAN, a Pizano S.A., a Maderas del Darién, a Cartón de Colombia. Estas entidades son una muestra de las grandes deforestadores que trabajan en el país, y que sin duda están detrás de la llamada Ley Forestal, proyecto que está a punto de ser aprobado en el Congreso de la República.

El proyecto presentado por el gobierno de Uribe es una vieja aspiración de las empresas madereras y de todos los intereses que buscan echarle mano a nuestras selvas.

El trámite ha creado un gran debate gracias a las denuncias que comenzaron en el Foro Nacional Ambiental y que han seguido haciendo ongs verdes, comunidades negras, organizaciones indígenas y campesinas y personalidades reconocidas en el mundo ambiental como Manuel Rodríguez. Se ha dicho que esta ley es una especie de patente de corso para explotar los recursos y servicios forestales y despojar a las comunidades locales de los derechos que la Constitución les reconoce y debería garantizarles. Más aun, despoja al mismo estado de las facultades que la ley le otorga para trasferirlas a una nueva entidad de carácter mixto, la Empresa Colombiana de Bosques (Procolbosques).

La norma, de ser aprobada, iría en contravía de convenios internacionales que Colombia ha suscrito como el Convenio de Diversidad Biológica, el Panel Intergubernamental de Bosques de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT. Pero, además -y es con ventaja el efecto más grave y conflictivo- desconoce de tajo los derechos a sus tierras de las comunidades indígenas, negras y desplazadas. Sus autoridades no solo no fueron consultadas sino que sus demandas han tenido el mismo eco que la caída de un tejo en el mar. En pocos días los derechos sobre sus territorios –imprescriptibles, inembargables, inajenables- serán enterrados mientras el gobierno blindará los intereses de las empresas madereras, que no son santas, y que han creado más de un conflicto con las comunidades locales. Entre tanto, no ha hecho nada el gobierno para impedir que los paramilitares, a nombre de futuras empresas, hayan distribuido 200 motosierras en el Bajo Atrato para ampliar la ganadería y el cultivo de palma africana en la región.

El interés privado entrará a saco en las regiones donde las comunidades tienen su asiento, trabajan, desarrollan sus planes de vida y defienden sus derechos. El conflicto no se hará esperar. A las madereras y a los concesionarios del estado se les hace la boca agua pensando en los 30 millones de hectáreas de bosques que Uribe con esta ley les facilitará embolsicarse y dejarlas peluqueadas al rape como hoy se puede ver en las regiones del Bajo Calima donde trabaja Cartón de Colombia, o en el Atrato Medio donde trabaja Maderas del Darién- filial de Pizano. Las comunidades locales preparan a su vez sus bastones de mando, sus recursivas formas de solidaridad y su capacidad para denunciar los atropellos; las ongs verdes y defensoras de los derechos humanos se vincularán a la cadena.

El ruido de las motosierras, los serruchos y los troceros, no podrá ahogar la protesta contra esta ley que beneficiaría sólo el estrecho y mezquino interés privado.


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